La Propuesta 314 fue aprobada por votantes de AZ. Un grupo proinmigrante busca revocarla

Paula SoriaDavid Ulloa Jr La Voz

Living United for Change in Arizona (LUCHA) presentó una demanda contra el Estado de Arizona para desmantelar la Ley de Seguridad Fronteriza —aprobada por los votantes como la Propuesta 314 en noviembre- argumentando que la Legislatura engañó a votantes arizonenses al no establecer medidas de financiamiento adecuadas para su aplicación.

Durante una conferencia de prensa la tarde del 2 de abril frente al Tribunal Superior de Arizona, miembros de LUCHA calificaron la ley como "inconstitucional" y anunciaron sus planes para combatir la legislación, que han criticado frecuentemente como antiinmigrante.

"Estamos aquí para luchar contra la creciente ola de autoritarismo", declaró Alejandra Gómez, directora ejecutiva de LUCHA, durante la conferencia de prensa. "Ya hemos vivido esto. Recordamos el trauma de la SB 1070".

LUCHA, una organización sin fines de lucro con sede en Phoenix que defiende los derechos de los inmigrantes, ha liderado la batalla contra la agenda antiinmigrante del Partido Republicano, incluso antes de que Donald Trump volviera a la Casa Blanca. A medida que el conjunto de proyectos de ley respaldados por los republicanos que finalmente se convirtieron en la Propuesta 314 avanzaba en la Legislatura de Arizona, los líderes de LUCHA, junto con otros destacados activistas por los derechos civiles y de los inmigrantes, se manifestaron en contra de su aprobación.

La demanda, presentada el miércoles, exige el desmantelamiento de la Ley de Seguridad Fronteriza por tres motivos: no proporcionar una nueva fuente de ingresos para su aplicación; intentar definir causa probable —una facultad exclusiva del poder judicial- y alinear la aplicación de la ley al resultado de la similar SB 4 de Texas.

Aprobada por más del 60% de votantes de Arizona durante las elecciones generales de 2024, la Propuesta 314 estabelció una serie de nuevos delitos estatales que afectan directamente a los inmigrantes que viven en y entran a Arizona, incluyendo la venta de fentanilo con resultado de muerte, el uso de información falsa al solicitar beneficios gubernamentales y, como resultado, el uso obligatorio de E-Verify.

Pero el cambio que generó mayor controversia fue la criminalización de los cruces fronterizos no autorizados, que permite a los funcionarios estatales arrestar y deportar a personas sospechosas de hacerlo. Activistas y críticos han afirmado que esta medida imita la Ley 1070 del Senado de 2010, a menudo conocida como la ley "muéstrame tus papeles", lo que sugiere que la disposición puede conducir a abusos de derechos civiles y discriminación racial.

En una entrevista con La Voz Arizona antes de la presentación de la demanda, Gómez afirmó que la Propuesta 314 alimenta las intenciones de la administración Trump de llevar a cabo deportaciones masivas.

"En esencia, es la puerta de entrada para permitir la erosión de los derechos constitucionales de los miembros de la comunidad al debido proceso", declaró Gómez. "Devuelve a Arizona al centro de la escena, ya que desde hace tiempo la hemos considerado un campo de pruebas para proyectos de ley realmente atroces".

Qué dice la demanda de LUCHA

James Barton, el abogado que representa a LUCHA en la demanda, afirmó que la Propuesta 314 es "claramente inconstitucional" por tres motivos.

Según lo denunciado en la demanda —documentos obtenidos por La Voz Arizona- la ley viola la Regla de Fuente de Ingresos de la Constitución de Arizona, que exige que las iniciativas y los referendos propuestos incluyan fuentes de financiamiento, algo que los patrocinadores y simpatizantes republicanos no abordaron.

Citando una nota fiscal del Comité Legislativo Conjunto de Presupuesto con fecha de mayo de 2024, Barton afirmó que la aplicación de la ley no solo resultaría en un aumento del gasto en las fuerzas del orden en todo el estado, sino que también provocaría una disminución de la inmigración, lo que reduciría la recaudación de impuestos estatales y locales.

Barton planteó la pregunta a los legisladores que redactaron el proyecto de ley: "¿Por qué no abordaron el costo?".

El segundo punto establece que la ley viola la cláusula de separación de poderes de la Constitución de Arizona al intentar, mediante la aprobación de esta ley, que la Legislatura defina la causa probable, una facultad delegada al poder judicial.

El tercer cargo, según documentos judiciales, exige la delegación de facultades legislativas a la Legislatura Estatal de Texas.

Partes de la Ley de Seguridad Fronteriza dependen en gran medida de la decisión del tribunal de ratificar la SB 4 de Texas, una ley similar a la de Arizona. El Departamento de Justicia de EEUU impugnó la ley de Texas durante la administración Biden y, desde entonces, ha permanecido estancado en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU.

Barton afirmó que delegar facultades a otra legislatura estatal es inconstitucional.

Proyectos de ley draconianos'

Gómez afirmó que leyes como la Propuesta 314 y 13 proyectos de ley "antiinmigrantes" que se debaten en la Legislatura de Arizona están volviendo a poner a Arizona en el punto de mira por sus "proyectos de ley draconianos".

Algunas de las otras leyes mencionadas por LUCHA incluyen el Proyecto de Ley Senatorial 1164, que requeriría que las agencias policiales estatales cooperen con ICE, y el Proyecto de Ley Senatorial 1111, que crearía un sistema de recompensas por el arresto y eventual deportación de inmigrantes indocumentados.

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