LUCHA toma acción legal contra el HCR 2060.
By Oscar Ramos, Prensa Arizona
Lucha legal contra polémica propuesta antiinmigrante aprobada por republicanos
Los republicanos de la legislatura estatal lograron poner la polémica resolución HCR 2060 en la boleta electoral, pero antes, sus detractores la están llevando a los tribunales al considerarla anticonstitucional y se alistan para combatirla en las urnas en caso de que el fallo no resulte favorable.
HCR 2060 busca otorgar a los agentes de policía locales y jueces estatales el poder de arrestar y deportar inmigrantes, endurece las penas contra los traficantes de fentanilo y también el castigo para aquellos trabajadores y contratistas que evaden el sistema e-verify,
Sin embargo, no se especifica de dónde saldrán los recursos para su aplicación y viola otra ley de los propios republicanos, que limita una propuesta de elección popular a un solo tema.
La HCR 2060 fue repudiada por los más importantes organismos empresariales, líderes de la fe católica y decenas de organizaciones sociales en el estado.
La “Ley para Proteger la Frontera”, convertiría en delito estatal que los migrantes crucen la frontera por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada oficial y si los votantes lo aprueban, una primera infracción podría dar lugar a un delito menor de clase 1, que conlleva hasta 6 meses de cárcel y quienes crucen la frontera repetidamente podrían enfrentar penas mayores y penas de cárcel más largas.
Con la evidente intención de capitalizar el tema de la inmigración en un año electoral, los republicanos culparon a la administración Biden por el problema y promocionaron sus propuestas como una solución al aumento en los cruces fronterizos en el estado, pero la aprobación de la HCR 2060 se da el mismo día que el Presidente ejerció una orden ejecutiva para restringir las peticiones de asilo y unos meses después de que los propios congresistas republicanos bloquearon una propuesta bipartidista por órdenes de su candidato y ahora delincuente convicto, Donald Trump.
El costo para Arizona
La HCR 2060 no incluye recursos económicos para las agencias encargadas de cumplirla a pesar de que la mayoría de ellas se encuentran en dificultades financieras y cuando el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) está luchando contra una grave escasez de agentes, lo que deja a muchas zonas rurales sin supervisión durante la noche.
En un análisis legislativo el DPS estimó que se vería obligado a reservar $3.8 millones cada año para cumplir con la propuesta, y proyectó que los costos totales para las agencias de aplicación de la ley en todo el estado podrían ascender a $41 millones sobre todo en gastos de transporte de indocumentados.
Legisladores demócratas también alertaron que la remisión electoral brinda inmunidad legal y civil por daños y perjuicios a los agentes de policía que realicen arrestos.
Los republicanos desestiman las preocupaciones de que la propuesta podría conducir a la discriminación racial y aseguran que los criterios para que se realicen arrestos, exigen que el propio agente sea testigo de un cruce ilegal, pruebas en vídeo u otros “indicios constitucionalmente suficientes de causa probable”.
Un análisis económico independiente concluyó que implementar la medida costaría varios desde 343 millones hasta un billón de dólares al año.
Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Ben Toma, afirmó que se ahorrará más si se corta el acceso de los indocumentados a los servicios sociales.
Los republicanos argumentan que excluir a los indocumentados de los beneficios públicos es una medida de reducción de costos, pero el el Departamento de Seguridad Económica, que supervisa los beneficios de jubilación y desempleo, y el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona, que maneja seguros médicos para personas de bajos ingresos, ya examinan el estatus migratorio de los solicitantes a través de la base de datos federal en línea de Verificación Sistemática de Derechos de Extranjeros.
La cuestión legal
La Constitución de Arizona, no contempla cambiar los gastos de una medida electoral con el dinero que supuestamente se ahorrará y dice que una medida electoral que requiera cualquier “gasto obligatorio de ingresos estatales para cualquier propósito, también debe prever una mayor fuente de ingresos suficiente para cubrir todos los costos inmediatos y futuros de la propuesta y ese dinero no puede provenir del fondo operativo general del estado”.
La organización social LUCHA lidera la demanda en los tribunales por cuestiones de un solo tema a votar y dado que esta propuesta tiene varias vertientes, se puede lanzar un desafío de este tipo antes de que los votantes tengan la oportunidad de opinar.
“HCR 2060 es una lista de deseos de extrema derecha improvisada a partir de una variedad de leyes individuales previamente rechazadas. Cubre todo, desde una invasión imaginaria del estado hasta cargos criminales por drogas y la regulación del empleo”, dijo el abogado de LUCHA, Jim Barton.
Crece el repudio
La gobernadora Katie Hobbs expresó su frustración ante el pasaje de la HCR 2060 que lleva en paquete 3 propuestas de ley que ella previamente había vetado por considerarlas dañinas para Arizona.
“HCR 2060 perjudicará a las empresas, enviará empleos fuera del estado, dificultará que las autoridades hagan su trabajo y arruinará el presupuesto, pero no asegurará nuestra frontera. A pesar de la fuerte oposición de los líderes empresariales, las autoridades fronterizas y los líderes locales bipartidistas, los extremistas han optado por priorizar sus agendas políticas sobre la búsqueda de soluciones reales”, finalizó Hobbs.
Alicia Núñez, Presidenta y Directora Ejecutiva de Chicanos Por La Causa expresó:
“Chicanos Por La Causa se mantiene unido con los líderes de defensa de nuestros derechos comunitarios, empresariales y religiosos en una posición firme a la propuesta HCR2060. Creemos que esta revisión políticamente cargada de la SB1070 conducirá a la discriminación racial por parte de las fuerzas del orden público contra los latinos, independientemente de su estatus migratorio.
“Además de afectar la reputación de Arizona, dañará la economía de nuestro estado, que se beneficia y depende de la mano de obra inmigrante. Entendemos la frustración por la situación en la frontera pero la solución es una reforma migratoria integral bipartidista a nivel federal no esta propuesta estatal. Es una propuesta sin fondos que cruza imprudentemente la frontera de la humanidad, así como las líneas definidas del derecho constitucional y el marco lógico de la respuesta racional.
“Esta criminalización resultante de las personas se basa en la etnia, la desinformación, la sospecha, el miedo y el odio con la esperanza de obtener votos. Somos mejores que esto. Y continuaremos haciendo un llamado para que los Latinos defendamos nuestros derechos en las urnas electorales en noviembre. Somos más votantes registrados que años anteriores. La esperanza no muere aquí, la lucha continua. Unidos lo lograremos”, finalizó.
La red de Consulados de México en Arizona, que incluye Phoenix, Tucson, Douglas, Nogales y Yuma expresó su desencanto con la aprobación y en comunicado de prensa, señaló:
“La resolución fomenta una narrativa discriminatoria e intolerante que no refleja la valiosa contribución migrante al desarrollo y la prosperidad de Arizona y por el contrario, contribuye a crear un ambiente de incertidumbre y desconfianza al otorgar facultades a las autoridades locales en asuntos de carácter migratorio, que son de competencia federal”.
Alejandra Gómez, directora de LUCHA anunció que ya se preparan para tocar un millón de puertas e informar a los votantes sobre los riesgos de aprobar la HCR 2060, en caso de que el fallo tribunal no resulte favorable.
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